LAS RAICES DE LA VIOLENCIA (X): El varón político de género

El término “política”, en su sentido amplio, define el derecho que tienen, en una democracia, todas las personas ciudadanas de participar activamente en la administración de los asuntos públicos, es decir, aquellos que tienen como objetivo el bien común. En un sentido restrictivo, política significa el derecho que cada persona ciudadana tiene de elegir o ser elegida para representar a la comunidad en dicha administración de los asuntos públicos. Las instituciones democráticas que se encargan de la gestión de los asuntos públicos son: El legislativo, encargado de elaborar y aprobar leyes que permitan una administración eficaz, justa, igualitaria y libre. El ejecutivo, cuya función es llevar a la práctica las leyes y el judicial, encargado de que nadie incumpla las normas legales, mediante la sanción correspondiente.

 

Sin embargo, la democracia española tiene fallos que invalidan, en parte o en todo, las definiciones anteriores. El primer fallo es que no todas las personas ciudadanas pueden acceder en igualdad de condiciones a ser elegidas como representantes de la comunidad.  Una oligarquía de partidos políticos establecen filtros selectivos que impiden el cumplimiento de estos derechos ciudadanos. El segundo fallo proviene de la ley electoral vigente que impide que el voto de cada persona ciudadana tenga el mismo valor en todo el territorio electoral, lo que permite en la práctica que la oligarquía de partidos se restringa a dos partidos políticos que tienen todas las bazas para tener mayoría de representantes.  El tercer fallo, muy grave, resulta del hecho de que sólo la institución legislativa es elegida directamente por la ciudadanía. Tanto el ejecutivo como el judicial, no son elegidos directamente sino a través de pactos y mayorías que tergiversan y modifican el derecho de la ciudadanía de elegir a sus representantes, produciendo además, la anulación de la separación de poderes, elemento esencial para que, sobre todo, el poder judicial, no sea un producto de pactos y  negociaciones entre los dos grandes partidos. El cuarto fallo, resulta de la concesión de privilegios y prebendas a la función de representación que la convierten en meta de proyectos de índole personal como hacer carrera,  aumentar el nivel de vida,  hacerse rico, etc.  Que el salario de los representantes públicos esté entre los más altos de la banda salarial, que sus prestaciones sociales estén entre las mejores y que cuando cesan en la representación tengan ventajas de todo tipo para colocarse en lo más alto del estatus social, convierte la representación pública en una oferta apetecible, atractiva y deseable para todas las personas que pretenden alcanzar cotas de fama, poder o riqueza por encima de las demás personas, anteponiendo sus intereses personales a los del bien común para el cual han sido elegidos.

 

En este contexto social y político, el varón de género se mueve como pez en el agua.  Desde pequeño, le enseñaron que la sociedad es una selva llena de depredadores y que, para evitar ser devorado por ellos, hay que aprender a devorar.  En una sociedad jerarquizada verticalmente, los varones se dividen en dos grupos: los que tienen éxito y los que fracasan. En Estados Unidos no hay pobres, sino “loosers” (perdedores). Trabajo, cultura, relaciones, todo, se organiza en escalas de prestigio. Cuanto más alto subas en el escalafón y mayor estatus de prestigio alcances, más reconocido y recompensado. Desde niños, los varones de género aprenden a elegir profesiones, proyectos y metas que lleven a la riqueza, al poder o la fama. Estos tres fines neuróticos se convierten así, en las esencias del sentido de la vida, en las motivaciones para esforzarse en subir, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.  Es la lucha por la vida, la búsqueda desenfrenada de “un lugar bajo el sol”, cuya condición principal es que “el hombre es un lobo para el hombre”, como definió Hume.

 

La representación pública de la comunidad aparece así como meta atractiva para la ambición del varón de género. Con esfuerzo y perseverancia, unidas a grandes dosis de competitividad, liderazgo, seducción y frialdad calculadora, el varón de género puede escalar puestos políticos, a través del laberinto interno de los partidos, sorteando las trampas y provocaciones que le tenderán sus competidores, jalonando su ascenso con los que caerán en las suyas, para llegar a ocupar un puesto en la administración de los asuntos públicos.  Desde allí, sumando inteligencia, astucia y capacidad para establecer las alianzas acertadas, podrá alcanzar la riqueza, el poder y la fama, que han sido las guías de su carrera política personal.  Es de esta forma como los representantes de la comunidad se convierten en “políticos”,  con afinidades personales tan estrechas entre ellos (aunque digan ser ideológicamente diferentes) que llegan a formar la “clase política” o la “casta política”, etiquetas con las que los representados suelen identificarles. Como analizaba Enrique Gil Calvo en su obra “El nuevo sexo débil”, los varones políticos de género son maestros en la conspiración y el contubernio, estableciendo alianzas de intereses con las que sumar fuerzas para alcanzar el poder y mantenerse en él.  Su carrera política es un constante y arriesgado viaje a través de las instituciones: De concejal a alcalde, a diputado, a senador, a ministro, a presidente. Del poder partidario, al local, al autonómico, al estatal.

 

Su principal preocupación es permanecer en el poder y, para ello, debe ocuparse de mantener el suficiente nivel de fidelidad de sus electores y las alianzas internas en el partido, los dos sostenes imprescindibles. Para las segundas, su principal estrategia es la clientelar. Repartir favores, prebendas, apoyos, tejer una red clientelar a la que pedir reciprocidad en los momentos necesarios. Como dice el refrán “el que regala bien vende, si el que lo recibe, lo entiende”. La extendida corrupción de la clase política nos brinda numerosos ejemplos.  En cuanto a sus electores, el varón político de género cultiva su principal arma de convencimiento: la mentira.  Sus artículos, mítines, discursos, entrevistas e intervenciones públicas están elaborados a base de mentiras y demagogia.  Ante sus electores necesita aparecer como un representante público responsable de administrar el bien común con desinterés personal, altruismo y vocación de servicio. Para ello, no duda en decirle a la gente lo que ésta quiere oír. El está en el poder para crear bienestar social, defender los derechos civiles y proteger a los más desfavorecidos. Los grandes principios de libertad, igualdad, fraternidad y justicia, son utilizados abundantemente para ocultar sus verdaderos intereses personales. Aprenden a ser grandes retóricos, que usan las palabras para tapar los hechos, para justificarlos y para convencer.  Siempre los que lo hacen mal son los competidores, los del otro bando, mientras que ellos se rompen la crisma por el bien de la ciudadanía. Las sesiones de control del Congreso nos brindan estupendos ejemplos del comportamiento del varón político de género. Gobierno y oposición debaten agresivamente sobre cualquier asunto. Se insultan mutuamente, se desvalorizan, buscan los puntos débiles del contrario para derrotarlo, mientras que el resto del hemiciclo aplaude o abronca según quien sea el orador de turno.  No se trata de buscar y conseguir el bien común, sino de vencer al otro, para ocupar el poder o mantenerse en él.  Es la más clara evidencia de que la política “es la guerra en tiempos de paz”, que dijo Clausewitz. El varón político de género se siente en su salsa: Se ha preparado toda la vida para competir, confrontar y triunfar sobre la derrota del contrario. Podrá ser más borde, más sutil, más irónico o más directo, pero todos tienen en común la agresividad que destilan sus intervenciones.

 

Los partidos políticos se convierten en máquinas electorales organizadas para seducir a la ciudadanía de que deben votarles a ellos. Equipos de expertos en oratoria,  en tratamiento de la imagen, en publicidad, en redacción de discursos, se encargan de vender al electorado programas, promesas, cuyos contenidos no se cumplirán una vez ocupado el cargo, o se llevarán a cabo a medias, atendiendo a las razones de Estado, al momento adecuado, o a lo que dicen las encuestas de opinión. Para entonces, ya da igual, el objetivo está conseguido: Llegar al poder y ejercerlo, disfrutando de todas las prebendas, privilegios y regalías que el mismo aporta.

 

Alguna persona, leyendo lo anterior, puede pensar que esto no tiene nada que ver con el género masculino, puesto que también hay mujeres políticas que intervienen en la administración de los asuntos públicos. En apariencia, tiene razón. En las dos últimas legislaturas, el gobierno está  formado de manera paritaria, con un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres.  Sin embargo, no conozco ningún artículo firmado por una periodista feminista (si conocen alguno, por favor, háganmelo saber) en donde se analice en profundidad,  el talante diferencial que aportan a la administración de los asuntos públicos, las doce ministras y que resalte la “otra forma de hacer política” que las diferencia de los doce ministros. Si exceptuamos a la ministra de Igualdad que, por la especificidad de los contenidos de su ministerio, trata asuntos que se salen de lo “políticamente correcto” y cuya existencia ha sido tan corta como el contrato precario de un/a  joven,  no encuentro diferencias de calado entre las actuales ministras de economía, educación, vivienda, cultura, defensa y demás, con el comportamiento y la filosofía política con la que actuaron los anteriores varones que ocuparon dichas carteras antes de ellas. Tampoco encuentro diferencias de estilo, talante o enfoques en los debates congresuales cuando intervienen mujeres diputadas. ¿Puede ser que, de tanto repetir que la lucha de las mujeres consistía en llegar a ser iguales a los hombres, hayan terminado creyéndoselo? ¿Tres siglos de lucha feminista para llegar a ser como los varones de género, han merecido la pena?  Ya van siendo numerosas las voces que alertan de la tendencia masculinista que siguen muchas mujeres en su proceso de empoderamiento. Está bien que accedan a puestos empresariales, políticos y militares, entre otros, pero no para que se comporten con la misma agresividad, competitividad, autoritarismo, afán de lucro y codicia, con la que se comportan los varones desde hace milenios.  Entre Ronald Reagan y Margareth Theacher sólo había una diferencia de sexo, pero no de género: Ambos eran masculinos hasta decir basta.

 

Así, pues, la política entendida como representación pública también está influida por el género masculino y sus valores. Es evidente que mientras la sociedad esté organizada verticalmente y la hegemonía ideológica sea del neoliberalismo o social-liberalismo, resulta difícil encontrarle salida al asunto. Los varones políticos igualitarios  (y también las mujeres políticas igualitarias) deberían comenzar por comportarse como tales, estableciendo las bases de una sociedad más horizontal, en la que las desigualdades de salario, estatus, comportamiento, etc., se fueran reduciendo progresiva e inexorablemente. Comenzando por restituir a la política su verdadera condición de servicio público, cuya función es la administración de los asuntos públicos con el único objetivo del bien común. Para ello, tendrían que eliminar de la representación pública todos aquellos elementos que la convierten en una meta atractiva y deseable para el interés personal egoísta. Igualar los salarios y las prestaciones sociales al nivel medio que cobran las trabajadoras sería un gran paso. Ahora que estamos en medio de una crisis económica, alguien se ha molestado en echar cuentas y comparando lo que ganan actualmente nuestras representantes públicas con una propuesta de salario medio de 25.000 euros (bastante más alto que el salario medio de las trabajadoras que se encuentra en los 15.000 euros) el Estado se ahorraría 34.304.951,46 euros, sin contar dietas, gastos de representación, tarjetas y gastos sin justificar y sin incluir en el cálculo las retribuciones de los cargos municipales (alcaldes, concejales, cargos de confianza, etc.). Con ese dinero se podrían crear  2.287 puestos de trabajo y si lo incluimos todo, cerca de 20.000 puestos de trabajo.

 

Que siete años de ejercicio de la representación pública les otorgue el derecho de cobrar una pensión de jubilación vitalicia de las más altas, mientras que una persona  trabajadora debe cotizar 35 años para una pensión media o baja, no parece que sea el mejor ejemplo de igualdad. Que la institución judicial incumpla el principio constitucional de “todos somos iguales ante la ley”, cuando permite que la persona imputada que puede pagar una fianza dineraria, se libre de la cárcel, mientras que las demás que no tienen dinero para la fianza, se pudren en la cárcel a la espera de juicio, no parece tampoco que sea un ejemplo de igualdad.  Y así podríamos seguir enumerando miles de ejemplos que ilustran la permanencia de un poder de género masculino (al viejo estilo de siempre) maquillado con grandes palabras y ocultado con fina oratoria. Mientras que el poder masculino, ejercido por varones y mujeres de género, siga siendo hegemónico, nadie se escandalice cuando los representados les dicen que “todos los políticos son iguales”, único aspecto en el que, mira por donde, si practican la igualdad, pero entre ellos y ellas.

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